IU pregunta al Gobierno si va sancionar a Aerocas


La diputada de IU Isaura Navarro ha presentado varias preguntas al Gobierno para saber si va a abrir un expediente sancionador a la empresa Aerocas, promotora del aeropuerto de Vilanova, por iniciar las obras sin contar con la preceptiva autorización del Ministerio de Fomento. Recuerda Navarro que en un informe del Defensor del Pueblo se recuerda que comenzar los trabajos sin permiso constituye una infracción administrativa que la Dirección General de Aviación Civil, como responsable del seguimiento de las obras, debe sancionar como corresponda.

Navarro recuerda que un informe de la Defensoría de mayo pasado se indica que Aviación Civil ordenó en octubre de 2005 paralizar las obras por carecer de permiso y añade que estos hechos «cabe incardinarlos en un tipo de infracción administrativa, dada la gravedad del supuesto». Apuntaba también que si esta falta es sancionada cuando la comete un ciudadano es igual de punible cuando el infractor es «una sociedad mercantil de titularidad pública», que forman la Diputación de Castelló y la Generalitat.

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Ramón Pardo, Castelló

La diputada de IU Isaura Navarro ha presentado varias preguntas al Gobierno para saber si va a abrir un expediente sancionador a la empresa Aerocas, promotora del aeropuerto de Vilanova, por iniciar las obras sin contar con la preceptiva autorización del Ministerio de Fomento. Recuerda Navarro que en un informe del Defensor del Pueblo se recuerda que comenzar los trabajos sin permiso constituye una infracción administrativa que la Dirección General de Aviación Civil, como responsable del seguimiento de las obras, debe sancionar como corresponda.

Navarro recuerda que un informe de la Defensoría de mayo pasado se indica que Aviación Civil ordenó en octubre de 2005 paralizar las obras por carecer de permiso y añade que estos hechos «cabe incardinarlos en un tipo de infracción administrativa, dada la gravedad del supuesto». Apuntaba también que si esta falta es sancionada cuando la comete un ciudadano es igual de punible cuando el infractor es «una sociedad mercantil de titularidad pública», que forman la Diputación de Castelló y la Generalitat.
Entre
las preguntas que registró la representante de IU ante la Mesa del Congreso de los Diputados figuran otros acerca de la valoración que hace el Gobierno del informe del Defensor del Pueblo del pasado mayo; «si va a adoptar las acciones legales que recomienda el defensor del pueblo», tales como pedirles aclaración sobre si han exigido, a su vez, a la constructora alguna responsabilidad o «si ¿piensa abrir expediente sancionador contra Aerocas?». Igualmente reitera la necesidad de obtener de la UJI o de la promotora el informe meteorológico realizado en la zona de afección del aeropuerto.
Por otro lado, esta semana se celebrará la preceptiva reunión del consejo de administración de Aerocas para aprobar las cuentas de 2005 y el presupuesto para 2006. Así como determinar el plan financiero a seguir.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Cámara, se presenta la siguiente PREGUNTA, dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

El Defensor del Pueblo ha emitido un informe en respuesta a una queja formulada por un grupo de vecinos de Vilanova de Alcolea (Castelló), en la que denunciaron presuntas irregularidades en el proyecto de instalaciones aeroportuarias de Castelló, en las expropiaciones, los estudios meteorológicos y las obras en terrenos no incluidos en la declaración de impacto de 2001.

El Defensor del Pueblo considera que la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento es la responsable de que se cumpla la legislación y lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental del aeropuerto de Vilanova y Benlloch. Además considera que el inicio de las obras sin la autorización para la construcción del aeródromo podría constituir una infracción administrativa.

El informe del defensor de los ciudadanos considera que la promotora de las obras, Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas), no contaba con el permiso de la Administración para iniciarlas. Apunta que la autorización de la Orden FOM/509/2002 de 22 de febrero a la que se aferra Aerocas «establece que antes de la ejecución del proyecto éste debía ser aprobado por el ministerio y como el promotor inició las obras antes de la aprobación, Aviación Civil ordenó suspenderlas», en referencia a la orden del 7 de octubre de 2005. Señala que «esta defensoría encuentra, sin embargo, que cabe además incardinar los hechos en un tipo de infracción administrativa, dada la gravedad del supuesto». Y recuerda que si a los ciudadanos cuando acometen obras sin licencia se les sanciona aquí con mayor motivo, porque se trata de «una sociedad mercantil de titularidad pública», al formarla la Diputación de Castelló y la Generalitat.

Por ello avanza que se les pedirá a las dos administraciones información sobre «si han exigido por lo acaecido algún tipo de responsabilidad a los administradores de la mercantil».


Interpreta el Defensor del Pueblo que la norma legal en la que se amparó la Dirección General de Aviación Civil para suspender las obras en septiembre es el Reglamento de Disciplina Urbanística (RDU), en su artículo 29, con la cobertura del artículo, dice, 228.1 de la Ley del Suelo que «tipifica los hechos como constitutivos de infracción administrativa (artículo 90 de la RDU)».


El informe también alude a la respuesta de la UJI a los afectados negándoles el informe meteorológico realizado por unos de sus profesores en 1999 y 2000, por contrato firmado con Aerocas. Recuerda que, según el artículo 4 de la Ley 38/1995 del Derecho de acceso a la información ambiental «cuando la Universidad deniegue alguna solicitud de acceso debe hacerlo de forma motivada, con referencia a los hechos y fundamentos de derecho, por cuanto tales resoluciones sin susceptibles de recurso administrativo».
Advierte que la ley aludida tiene como destinatarios a las administraciones públicas, sin excepción. Entiende el Defensor que pueden existir causas de denegación de acceso a esos informes, pero también que se reconoce la posibilidad de separar la información accesible de la que no. Y que «buena parte de las razones expuestas por le Rectorado de la Universidad (UJI) no pueden fundamentar la denegación, además de la falta absoluta de fundamento con que inicialmente uno de los centros universitarios respondió al solicitante»..

¿Cómo valora el Gobierno éste informe?

¿Piensa adoptar el Gobierno las acciones legales que recomienda el Defensor del Pueblo?

¿ Piensa abrir el Gobierno expediente sancionador contra la empresa Aerocas tal y como recomiendo el Defensor del Pueblo?. EN caso negativo, por que motivo.

¿Piensa solicitar el gobierno el informe metereológico existente en su haber en la Universidad de Castelló?

Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid, 23 de julio de 2006

Fdo: Isaura Navarro Casillas

Diputada del G.P. IU-ICV

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