EU DEMANA AL GOVERN CENTRAL ACTUAR FRONT A LES AGRESSIONS DE LES EÒLIQUES

L’escrit remés els passats dies al Fiscal General de l’Estat,  per les entitats proteccionistes dels Ports- Maestrat, ha estat l’argument emprat per la diputada d’Esquerra Unida, Isaura Navarro, per demanar  al Govern Central que assumisca les seues competències i actue front  a les múltiples agressions que els parcs eòlics estan causant a l’interior de Castelló.         Navarro ha recordat que la legislació és clara a l’hora d’entendre la comptència de l’administració central quan un camp eòlic assumeix una potència mínima de 50 mw, i per tant, el control sobre aquests l’ha de tindre el Govern Central i no el valencià.[@more@]La diputada d’EU, ha reclament que en base aixó, el Govern Central assumisca el paper que li pertoca, i actue contra totes les irregularitats que el PP valencià ha permés en la implantació de les eòliques ( agressions a vies pequàries, a monuments històrics i artístics, a l’arquitectura de la pedra en sec, als jaciments arqueològics, el greu impacte visual i paisatgístic, l’afecció a la fauna com és la continuada mort de voltors per impacte en les pales, falta de consideració amb els veïns i propietaris, i un llarg etcètera)         Isaura Navarro ha recordat que Esquerra Unida sempre ha estat a favor de l’energia eòlica com a alternativa raonable a les energies no renovables, però s’és molt crític en la manera com el PP valencià ha impulsat la creació d’aquesta, sense tindre una planificació correcta, i amb unes agressions en l’entorn totalment inecessaries  + infio 629338215    A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Cámara, se presenta la siguiente PREGUNTA, dirigida al Gobierno, para la que se solicita  respuesta escrita. Diversas entidades conservacionistas ha denunciado que la  Zona 3 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana está constituida por cinco parques eólicos(  Folch I, Folch II, Arriello, Las Cabrillas y Plá d´Embalagué), en fase de construcción y recibieron la Autorización Administrativa por parte del Director General de Energía según Resoluciones de fecha 7 de junio de 2005, 16 de agosto de 2005, 5 de septiembre de 2005 y 16 de febrero de 2006, publicadas en los Diarios Oficiales de la Generalitat Valenciana números 5032, 5098, 5102 y 5224 Según estas entidades,  ha existido fraude de ley al haber considerado los parques eólicos de Folch I, Folch II, Arriello, Las Cabrillas y Plá d´Embalagué como cinco parques eólicos diferentes, cuando jurídicamente se tratan de dos parques. De hecho hay casos tan llamativos como que los aerogeneradores pertenecientes al Parque Folch I, y Folch II estan uno a continuación del otro, y los de Arriello, a menos de 600 metros.  Este único parque, tendría una potencia instalada de 114 Mw, es decir, superior a los 50 Mw y por tanto, se entiende que la Administración Autonómica no es competente para formular Resoluciones al respecto, ya que estas Resoluciones sólo podrían formularse por la Administración del Estado y,  esta irregularidad constituye un caso de nulidad del acto administrativo, de los recogidos en el artículo 62.b de la Ley 30/92 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas. El artículo 2 de la Normas del Plan Eólico, publicadas en el DOGV nº 4054, de fecha 31 de julio de 2001 establece que "se considera parque eólico el conjunto de aerogeneradores que, con independencia de su titularidad, disten entre sí una distancia inferior a 2.000 metros medidos en proyección horizontal, o que viertan la energía eléctrica generada sobrante a la misma central de transformación con tensión de salida igual a la red de distribución o transporte a la que han de conectarse". Por tanto, no se puede hablar de cinco parques eólicos sino de dos, ya que la distancia que los separa es de 600 metros.       Respecto a la titularidad autonómica, si se sobrepasasen los 50 MW, según establecen los artículos 111.3 y 113 del Real Decreto 1955/2000 dichos parques eólicos pasarían a ser de titularidad de la Administración General del Estado.  El artículo 113 determina lo siguiente: “Órganos competentes.1. Las competencias sobre las instalaciones descritas en el anterior artículo 111 son de titularidad de la Administración General del Estado y serán ejercidas por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía, sin perjuicio de las que expresamente se atribuyan al Consejo de Ministros.2. La tramitación de la autorización, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación de proyecto de ejecución de instalaciones eléctricas será llevada a cabo por las áreas o en su caso Dependencias de Industria y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de las provincias donde radique la instalación.3. El Ministerio de Economía podrá celebrar convenios con las Comunidades Autónomas por los que se podrá encomendar a estas últimas algunas de las actuaciones administrativas previstas en este Título.Las actuaciones resolutorias de los procedimientos establecidos en el presente Título no podrán ser objeto de dicha encomienda”.   El artículo 111.3 establece lo siguiente: “En el caso de las instalaciones de producción, se entenderá que su aprovechamiento afecta a más de una Comunidad Autónoma cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 54/1997, atendiendo a la potencia instalada de las unidades de producción esten obligadas a realizar ofertas económicas al operador del mercado, sin perjuicio de su exclusión del sistema de ofertas por acogerse al sistema de contratación bilateral.” El artículo 23 de la Ley 54/1997 establece lo siguiente: “Mercado de producción. Sistema de ofertas.1. Los productores de energía eléctrica efectuarán ofertas económicas de venta de energía, a través del operador del mercado, por cada una de las unidades de producción de las que sean titulares, cuando no se hayan acogido a sistemas de contratación bilateral o a plazo que por sus características queden excluidos del sistema de ofertas.Aquellas unidades de producción de energía eléctrica cuya potencia instalada sea superior a 50 MW, o que a la entrada en vigor de la presente Ley estén sometidas al régimen previsto en el Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, sobre la determinación de la tarifa de las empresas gestoras del servicio público, estarán obligadas a realizar ofertas económicas al operador del mercado para cada período de programación, salvo en los supuestos previstos en el artículo 25 de la presente Ley”.  Es decir, que si un parque eólico tiene una potencia instalada superior a 50 MW “está obligada a realizar ofertas económicas al operador de mercado”  (artículo 23 de la Ley 54/1997). Pero es que el artículo 111.3 del Real Decreto 1955/2000 determina que “se entenderá que su aprovechamiento afecta a más de una Comunidad Autónoma cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 54/1997, atendiendo a la potencia instalada de las unidades de producción esten obligadas a realizar ofertas económicas al operador del mercado”. El artículo 113 del Real Decreto 1955/2000 determina que “las competencias sobre las instalaciones descritas en el anterior artículo 111 son de titularidad de la Administración General del Estado y serán ejercidas por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía”.   En resumen, todo parque eólico de más de 50 MW de potencia instalada (como sería el resultante de sumar el de Folch I, Folch II, Arriello) se considera que afecta a varias Comunidades Autónomas y las competencias sobre el mismo son del Estado y no de la Administración Autonómica     El Órgano de la Administración del Estado competente para la resolución y autorización de los parques eólicos con potencia superior a los 50 MW, es la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía, consecuentemente, la Generalitat Valenciana  no es competente para resolver sobre los parques eólicos, por lo que las competencias para la tramitación deberían corresponder, en Derecho, a las dependencias de Industria y Energía de la Delegación  del Gobierno de la Comunidad Valenciana, y no a la Dirección General de Energía de la Consellería Infraestructuras y Transportes de la Generalidad Valenciana.   En consecuencia, todo el expediente administrativo correspondiente a la Zona 3 del Pla Eólico, al estar compuesta por dos parques eólicos (Folch I, Folch II, Arriello y el resultante de la suma de Cabrillas y Plá d´Embalagué), con una  potencia cada uno instalada superior a 50 MW, debería haber sido tramitado ante el órgano competente para evitar la nulidad de pleno derecho de los actos que pudiese dictarse (o haberse dictado),  conforme a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece en su artículo 62.b: “Nulidad de pleno derecho.”: “1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.  (…)”Consecuentemente, se deberían considerar nulas de pleno derecho todas las resoluciones y actuaciones relacionadas con la tramitación de la Zona 3 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana al carecer la Administración Autonómica de competencias para poder dictar resoluciones sobre los parques eólicos que constituyen dicha Zona.     Por lo tanto, la Generalitat Valenciana ha asumido  unas competencias que no le corresponden, cometiendo presunto fraude de ley, y al mismo tiempo  originando una serie de irregularidades urbanísticas, paisajísticas, medioambientales y contra el patrimonio, muy importantes, entre las que se señalan:– ocupación de vías pecuarias sin resolución previa, algunas de las cuales hasta se ha asfaltado– autorización administrativa de parques eólicos sin que esté publicada la declaración de Impacto Ambiental– ejecución de las obras sin que esté publicada ni se conozca la Declaración de Impacto Ambiental– tala masiva de arbolado– muerte de especies de avifauna protegidas– no respeto de la condición de paralizar las obras en periodo de cría de especies de avifauna protegidas– ocupación de caminos tradicionales por los aerogeneradores– destrucción de construcciones de piedra seca de gran valor etnológico– afección al entorno de importantes Bienes de Interés Culturalimplantación de aerogeneradores sin respetar los 1000 metros de distancia de seguridad a los núcleos habitados, etc.– caminos y accesos no contemplados en el proyecto original presentado para la licencia municipalde obras.– aerogeneradres ubicados fuera del plan especial de la zona 3 (BOP num. 5 de enero de 2005), y otro cambiado de termino municipal.  En base a todo ello. – ¿ Qué medidas piensa adoptar el Gobierno frente a estas posibles irregularidades, teniendo en cuenta la competencia en esta materia?.Palacio del Congreso de los DiputadosMadrid, 12 de febrero  de 2007  Fdo: Isaura Navarro CasillasDiputada del G.P. IU-ICV    

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