La Comisión ha incoado una nueva investigación sobre esta cuestión. En el contexto de la misma, solicitará a las autoridades españolas información sobre los procedimientos en curso ante tribunales españoles para determinar si se refieren a cuestiones relativas a la aplicación de la normativa comunitaria y para garantizar, si fuera necesario, que dicha normativa se aplique plenamente en este caso.
Tot i la falta de compromís de la Unió Europea per a actuar contra l’aeroport fantasma de Carlos Fabra, la contundència dels darrers fets obliguen a reobrir una investigació sobre la qual fins ara s’havien negat a actuar. Adjuntem primer la pregunta de Willy Meyer, eurodiputat d’IU, i la resposta de la Comissió.
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PREGUNTA ESCRITA E-4968/06
de Willy Meyer Pleite (GUE/NGL)
a la Comisión
Asunto: Vulneración de la Directiva 85/337/CEE en la construcción del aeropuerto de Castellón (España)
En la respuesta dada por el Sr. Dimas en nombre de la Comisión a las preguntas E-3986/05, E‑3987/05 y E-3988/05 sobre la supuesta infracción de la Directiva 85/337/CEE[1] (modificada por la Directiva 97/11/CE[2]) en la construcción del aeropuerto de Castellón, la Comisión informó de que en 2001 cerró una investigación incoada en relación con el mismo proyecto. También se afirmaba que «atendiendo a los nuevos datos facilitados, la Comisión no dispone de información suficiente para determinar si se ha infringido lo dispuesto en la declaración de impacto ambiental o si se construye el aeropuerto en una zona distinta de la que fue objeto de la EIA». La Comisión respondió asimismo que solicitaría a las autoridades españolas información suplementaria para poder proceder a una investigación y que, además, mantendría informado a este eurodiputado sobre cualquier novedad al respecto.
Pasado casi un año de dicha respuesta, este eurodiputado no ha recibido ninguna novedad sobre la investigación abierta. Cabe destacar, asimismo que, el 10 de octubre de 2006, el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón decretó la paralización de las obras de construcción del aeropuerto.
Por lo tanto, la acción de la Justicia demuestra que la administración valenciana y española ha venido mintiendo al amparar y dar por buenas unas obras que carecían de un estudio de impacto ambiental.
Estamos, pues, tal y como ha reconocido la Justicia, ante una vulneración de legislación europea en lo que atañe al artículo 2 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE (los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente están sujetos a la obtención de una autorización y han de someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones. Estos proyectos se definen en el artículo 4 y en los anexos I y II de la Directiva).
En vista de lo expuesto anteriormente:
– ¿Ha abierto la Comisión, tal y como afirmó que haría en la respuesta a las preguntas E-3986/05, E‑3987/05 y E-3988/05, una investigación?
– ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión ante la manifiesta vulneración de las directivas europeas?
Esta ilegalidad da fundamento a las anteriores denuncias efectuadas en las preguntas E-3986/05, E‑3987/05 y E-3988/05 y hace exigible la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental de todo el proyecto del aeropuerto.
– ¿Piensa la Comisión exigir esta medida a las autoridades españolas, vista la manipulación de la EIA original?
E-4968/06ES
Respuesta del Sr. Dimas
en nombre de la Comisión
(26.1.2007)
La Comisión ya ha investigado anteriormente, en lo que concierne al aeropuerto de Castellón, cuestiones relacionadas con la aplicación de la normativa medioambiental de la CE, en particular, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo[3], de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo[4], de 3 de marzo de 1997.
Esas investigaciones se cerraron en 2005, dado que, a la vista de la información facilitada por las autoridades competentes, la Comisión no pudo determinar que se hubiese producido una infracción de las Directivas citadas.
La Comisión carece de información sobre la sentencia del Tribunal español en relación con el aeropuerto de Castellón a que hace referencia su Señoría, ni sobre los elementos que tuvo en consideración para decretar la paralización de las obras en ese aeropuerto. De acuerdo con la última información pública de que se dispone, dicha paralización ha sido recientemente levantada.
La Comisión ha incoado una nueva investigación sobre esta cuestión. En el contexto de la misma, solicitará a las autoridades españolas información sobre los procedimientos en curso ante tribunales españoles para determinar si se refieren a cuestiones relativas a la aplicación de la normativa comunitaria y para garantizar, si fuera necesario, que dicha normativa se aplique plenamente en este caso.