EL PSOE NO ACCEPTA ALLIBERAR L’AP-7 COM SOLUCIÓ AL DESDOBLAMENT DE LA N-340, I NO DESCARTA AMPLIAR LA CONCESSIÓ A AUMAR

En les respostes donades pel Govern a les preguntes formulades per la diputada d’EU-l’Entesa, Isaura Navarro, al voltant del polèmic projecte de desviament de la N-340 als termes municipals de Castelló i Benicàssim, el Govern ha justificat el seu posicionament de nou acceptar recuperar la gratuïtat de l’AP-7, i en cap moment aplega a afirmar que optarà per que aquesta siga gratuïta un cop acabada la concessió actual, i per tant, deixa totalment les portes obertes a allargar aquesta vergonyosa situació.

Des d’EU s’ha lamentat aquesta nova mostra de falta de sensibilitat per part del Govern Central, on els successius governs PSOE-PP han castiga al nostre poble allargant innecessariament una concessió sobre una autopista que fa temps hauria de ser gratuïta

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Ara, el nou desviament de la N-340 tindrà un impacte gravíssim a Castelló, quan la nostra alternativa, la d’alliberar l’AP7, continua sent l’opció més raonable, èticament, i inclòs econòmicament. El PSOE argüeix per a negar-se a l’alliberament el cost econòmic per compensar a l’empesa beneficiada , però, i el cost econòmic, ambiental i social de fer un nou desviament de la N-340?,segur que de totes totes seria molt més econòmic.

A les preguntes :

¿Qué términos contemplaba el acuerdo entre el Gobierno de la época y la empresa constructora de la Ap-7?

¿En qué fecha se acordó en el principio la cesión al Estado de esta autovia?

¿Por qué motivo se acordó ampliar la concesión de la gestión a la empresa?

¿Por qué motivo se amplió el periodo de gestión privada que tendría que expirar en el 2005?

Respuesta: Como respuesta a las cuatro primeras cuestiones, se acompaña copia en anexo de los reales rectos que se relacionan a continuación, en los que figura la información que se solicita

+ Decreto 2052/1971

+Real Decreto 1284/1981

+ Real Decreto 1132/1986

+ Real Decreto 167/1997

¿Cuándo estima el Gobierno se conseguirá definitivamente la cesión al Estado de la gestión de la misma?

¿La cesión de la gestión de la Ap-7 supondrá necesariamente la gratuidad de la misma para los usuarios?.

¿Qué medidas contempla el Gobierno para hacer frente al agravio comparativo que sufren los valencianos respecto al peaje de las autopistas, con respecto a otras zonas del Estado?.

¿Estima conveniente el Gobierno reestudiar la posibilidad de valorar la liberalización de la AP-7 como alternativa a un nuevo trazado de la N-340?

En el momento en que finalice el periodo concesional de la autopista de que se trata, el Gobierno podrá optar por la gratuidad del uso de la misma, o bien convocar un nuevo concurso de concesión sólo de a explotación, con peaje, al amparo de los establecido en el artículo 220 de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

La política del Gobierno sobre infraestructuras y transportes se encuentra recogida en el PEIT que, como plan estratégico que es, parte de un enfoque global de las necesidades y potencialidades del sistema de transporte para platear un conjunto de actuaciones que contribuyan al impulso del desarrollo económico y la competivadad de la economía española, fortaleciendo la cohesión social y territorial y fomentando la movilidad sostenible.

Las autopistas de peaje están reguladas por una normativa específica que forma parte de los contratos de concesión suscritos por las respectivas sociedades concesionarias y la Administración concedente

Dicha normativa establece unos derechos y obligaciones tanto para la Administración como para el concesionario. Entre los derechos de este último se incluyen la percepción del peaje con arreglo a las tarifas aprobadas.

La supresión unilateral del dicho derecho no sólo rompería el equilibrio economico-financiero de la concesión que la Administración viene obligada a mantener, con el consiguiente pago de indemnizaciones si el desequilibrio se produce por decisión de la misma, sino que desvirtuaría la propia naturalaza contractual de la concesión al revocar el derecho esencial de una de las partes, esto es, el derecho del concesionario a percibir la prestación económica pactada.

LA pregunta íntegra:

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Cámara, se presenta la siguiente PREGUNTA, dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

El trazado aprobado para la variante de la N-340 entre los términos municipales de Castelló y Orpesa, están suscitando una gran polémica en las localidades afectadas.

A pesar que en su momento los ayuntamientos afectados no alegaron ninguna objeción a la propuesta formulada por Fomento, el posterior estudio del trazado por parte de a ciudadanía ha hecho saltar la voz de alarma.

La creación de un nuevo vial al oeste de la N-340 entre estas localidades, para descongestionar la saturación del vial, afectaría a zonas de gran valor histórico, ambiental y sentimental, como es el caso de la Ermita de la Magdalena y su entorno, catalogado como parte del Paraje del Desert de les Palmes.

Éste nuevo vial, además de la grave afección a un gran numero de viviendas diseminadas y urbanizaciones asentadas, supondría una nueva barrera que cimentaría el escaso terreno fértil que queda en el litoral castellonense, cuarteado por viales de todo tipo, además de la AP-7, la línea de ferrocarril Valencia-Barcelona ( a esperas de una nueva a medio plazo, si se ejecuta la conexión del AVE Castelló-Tarragona).

Por lo tanto, la construcción de una nueva variante, a la actual n-340, supondrá un grave impacto, antes descrito.

La opción más razonable económica, ambiental y socialmente seria recuperar la gratuidad de la AP-7.

Las comarcas litorales de Castelló están travesadas por la autopista, que discurre en muchos puntos cercana a la N-340. Ésta infraestructura se hizo con capital privado, pero tuvo un gran impacto en la población al ocupar muchos terrenos ( tanto por el propio trazado, como por el vaciado de zonas de cultivo para la elevación del terreno)

Ésta actuación hizo desaparecer valiosísimos terrenos agrícolas, dividió fincas y espacios naturales, siendo éste el alto precio que la población tuvo que pagar para hacer realidad una obra necesaria como esta. La gente de las comarcas de Castelló, han estado pagando durante todos estos años, unas tarifas muy altas a la empresa concesionaria, que ni de lejos se ha correspondido con la calidad del servicio ofertado.

El Gobierno cedió la gestión de la autopista a la empresa AUMAR, alargando, inexplicablemente, el periodo hasta el año 2005, fecha en la que tendría que pasar a titularidad pública, y por tanto, a la gratuidad. La ampliación de la privatización hasta el 2005 fue una decisión injustificada.

A pesar de ello, el anterior Gobierno, de manera también totalmente injusta con la gente de Castelló, aprobó alargar la concesión de la gestión a Aumar hasta finales del 2019.

Mientras en otras partes del Estado se está disfrutando de nuevas autovías totalmente gratuitas, los valencianos están pagando desde hace décadas el uso de unas infraestructuras sufragadas ya hace muchos años, creando un agravio comparativo de primer orden.

La Carretera Nacional 340, transcurre paralélela en muchos tramos a esta autopista, y soporta diariamente un elevado volumen trafico, sobre todo pesado (mercancías), pasando muy cerca o incluso por dentro de cascos urbanos, y siendo un verdadero punto negro en cuanto al índice de accidentes de tráfico. La situación de colapso de la misma es preocupante.

La solución de crear un nuevo vial para la N-340, independientemente si discurre más al este o al oeste, supondría un gran impacto en el territorio. Por el contrario, si se rescatase la gratuidad de la Ap-7, tal y como se merece el pueblo de Castelló, el impacto ambiental, social, patrimonial seria nulo, y la inversión del estado muy inferior, despareciendo de ésta manera la necesidad de un nuevo vial, al poder asumir la Ap-7 el trafico excedente de la N-340. Un caso ejemplarizante es la gratuidad de la AP-7 conseguida en el tramo de Sagunt, donde ha desaparecido el caos circulatorio existente hasta la fecha.

Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas:

¿Qué términos contemplaba el acuerdo entre el Gobierno de la época y la empresa constructora de la Ap-7?

¿En qué fecha se acordó en el principio la cesión al Estado de esta autovia?

¿Por qué motivo se acordó ampliar la concesión de la gestión a la empresa?

¿Por qué motivo se amplió el periodo de gestión privada que tendría que expirar en el 2005?

¿Cuándo estima el Gobierno se conseguirá definitivamente la cesión al Estado de la gestión de la misma?

¿La cesión de la gestión de la Ap-7 supondrá necesariamente la gratuidad de la misma para los usuarios?.

¿Qué medidas contempla el Gobierno para hacer frente al agravio comparativo que sufren los valencianos respecto al peaje de las autopistas, con respecto a otras zonas del Estado?.

¿Estima conveniente el Gobierno reestudiar la posibilidad de valorar la liberalización de la AP-7 como alternativa a un nuevo trazado de la N-340?

Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid, 16 de febrero de 2006

Fdo: Isaura Navarro Casillas

Diputada del G.P. IV-IU-ICV

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